Hay acontecimientos que, por su magnitud, obligan a abandonar la comodidad de las explicaciones circunstanciales. El corte parcial de energía que dejó durante más de doce horas a miles de vecinos de Ushuaia sin un servicio esencial pertenece a esa categoría. No fue un accidente aislado. No fue una fatalidad climática. No fue un episodio imprevisible. Fue la consecuencia visible de un problema que lleva décadas gestándose.

 

Las crisis rara vez nacen de un solo error. Son, casi siempre, la acumulación paciente de pequeñas decisiones equivocadas, de prioridades invertidas y de problemas postergados hasta que la realidad termina imponiendo su propia lógica. Lo ocurrido este fin de semana es precisamente eso: el resultado de un sistema que durante años permitió que la ciudad creciera mucho más rápido que su infraestructura.

 

Ushuaia vive desde hace tiempo una paradoja difícil de ignorar. Mientras su población aumenta, el turismo se expande y la construcción modifica permanentemente el paisaje urbano, la capacidad de generación eléctrica permanece prácticamente en los mismos niveles. Esto pasa con la energía y con el resto de los servicios públicos y la movilidad urbana de la ciudad.

 

Durante años se supo que la demanda avanzaba a un ritmo superior al de las inversiones necesarias para sostenerla. Sin embargo, el crecimiento continuó como si la infraestructura pública municipal y provincial pudiera adaptarse por sí sola.

 

La energía es apenas el síntoma más evidente. Detrás de ese síntoma aparece un problema mucho más profundo: la ausencia de una planificación sistemática de las inversiones en servicios públicos. No alcanza con reaccionar cuando aparece la emergencia. Una ciudad moderna necesita anticiparse. Necesita proyectar qué ocurrirá dentro de cinco, diez o veinte años. Y esa mirada estratégica estuvo, durante demasiado tiempo, ausente.

 

Mientras tanto, las autorizaciones para nuevos emprendimientos inmobiliarios continuaron multiplicándose. El centro de Ushuaia incorporó una cantidad creciente de edificios, hoteles y desarrollos privados que incrementan significativamente la demanda energética sobre una red que ya mostraba signos evidentes de saturación. La expansión edilicia siguió su curso, aunque la infraestructura básica no acompañara el mismo ritmo. ¿Quién toma la decisión de autorizar la construcción de nuevos edificios y hoteles desconoce esta situación?

 

A ello se sumó otro fenómeno igualmente conocido. En las zonas altas de la ciudad crecieron numerosos asentamientos y barrios irregulares en lugares donde históricamente se sabía que la provisión de servicios públicos resultaba extremadamente compleja. Cada nueva conexión representa una exigencia adicional para redes eléctricas, de agua o de saneamiento que hace tiempo funcionan al límite de sus posibilidades.

 

El problema no es únicamente técnico. Es, sobre todo, político.

 

Durante años predominó una lógica donde decir "sí" parecía más sencillo que asumir el costo de decir "todavía no". Se autorizaron urbanizaciones, se entregaron nuevos terrenos, se toleraron ocupaciones irregulares y se alimentaron expectativas que la infraestructura nunca estuvo en condiciones de sostener. Con frecuencia, la necesidad inmediata de evitar conflictos, satisfacer demandas sectoriales o conservar consensos políticos desplazó una pregunta elemental: ¿puede la ciudad soportarlo?

 

La respuesta, evidentemente, era no.

 

Ningún gobierno encuentra popular explicar que un emprendimiento deberá esperar porque no existe factibilidad energética. Tampoco resulta sencillo admitir que no pueden habilitarse nuevos loteos hasta construir una central eléctrica capaz de abastecerlos. Menos aún reconocer que el crecimiento urbano necesita límites cuando los servicios públicos han alcanzado su capacidad máxima. Sin embargo, gobernar consiste precisamente en asumir esas responsabilidades incómodas.

 

La misma discusión alcanza al permanente debate sobre ampliar el ejido urbano. Resulta difícil imaginar una expansión territorial cuando la ciudad todavía enfrenta enormes dificultades para garantizar adecuadamente los servicios esenciales dentro del espacio urbano ya consolidado. Por lo tanto, habría que razonar con responsabilidad y asumir que antes de extender el mapa, resulta imprescindible fortalecer aquello que ya existe.

 

Es cierto que finalmente comenzó la construcción de una nueva central de generación eléctrica. Se trata de una obra largamente esperada y absolutamente necesaria. Pero también es cierto que aún resta, al menos, más de un año para que pueda entrar plenamente en funcionamiento y aportar la capacidad que Ushuaia necesita. La solución, por lo tanto, todavía está en camino. La vulnerabilidad permanece.

 

Lo verdaderamente preocupante es que ninguna de estas advertencias resulta novedosa. También desde este medio, al igual que especialistas, técnicos y distintos sectores vinculados al desarrollo urbano vienen señalando desde hace años que la ciudad avanzaba hacia un punto crítico. El crecimiento acelerado exigía inversiones proporcionales en generación eléctrica, distribución, agua, cloacas, gas y transporte. Porque se sabe que la expansión urbana necesitaba un eje ordenador capaz de establecer prioridades, fomas de crecer y límites. Y ese proceso nunca terminó de consolidarse.

 

Las ciudades no colapsan de un día para otro. Lo hacen lentamente, cuando la improvisación reemplaza a la planificación; cuando la gestión cotidiana desplaza la mirada estratégica; cuando el corto plazo domina cada decisión pública; cuando la política administra urgencias en lugar de construir futuro.

 

El apagón del fin de semana constituye una advertencia mucho más importante que la incomodidad de permanecer varias horas sin electricidad. Es una señal de que Ushuaia ya se ha encontrado con los límites físicos de décadas de crecimiento desordenado. Y esos límites no se resuelven únicamente reparando un equipo o incorporando un generador más. Exigen revisar la forma en que se piensa la ciudad.

 

Piedra libre para los que piensan que la comunidad no tiene capacidad de comprender que viene pasado: La planificación no produce titulares, las inversiones preventivas rara vez generan reconocimiento inmediato, los planes de infraestructura suelen atravesar varios gobiernos antes de mostrar resultados.

 

Pero justamente por eso representan una de las responsabilidades más importantes del Estado: trabajar para problemas que todavía no explotaron.

 

Nada de lo ocurrido era inevitable. Tampoco debería naturalizarse. Con mayor previsión, inversiones públicas en servicios sostenidas, planificación territorial seria y dirigentes (públicos y privados) dispuestos a tomar decisiones responsables, aunque resulten incómodas en el presente, muchas de estas situaciones podrían haberse evitado.

 

Las ciudades no fracasan por crecer.

 

Fracasan cuando el crecimiento deja de estar acompañado por inteligencia pública. Y esa, quizá, sea la verdadera lección que deja este fin de semana para Ushuaia.

 

Fuente: EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO