El Boletín Oficial publicó el decreto 787, que cambia el modo en que los colegios privados sin subvención estatal administran sus aranceles. Desde ahora, cada institución podrá definir los valores de sus cuotas y matrículas según sus costos y condiciones locales.

La medida afecta a unas 4000 entidades educativas en todo el país. Según el texto oficial, busca “favorecer un entorno más propicio” para la gestión de las escuelas privadas y “resguardar la libre contratación”.

El sistema anterior, vigente desde hace más de tres décadas, requería que las actualizaciones fueran aprobadas por el Ministerio de Educación. Para el Ejecutivo, ese esquema “generaba distorsiones y retrasos” que complicaban la planificación económica de las instituciones.

El Gobierno sostuvo que la desregulación permitirá mayor flexibilidad ante los aumentos de costos y una relación más directa entre cada colegio y las familias.

Desde la AIEPBA, su secretario ejecutivo Martín Zurita explicó que la medida aporta previsibilidad. “Tener que fijar precios con varios meses de anticipación era insostenible. Ahora cada escuela podrá adecuarse a su realidad”, afirmó.

Con esta decisión, el Gobierno busca trasladar al ámbito educativo el mismo principio de libertad de precios que impulsa en otros sectores.