El nuevo decreto con la firma de todos los ministros del gabinete del presidente Javier Milei, que modifica el marco regulado por el Decreto Nº 1023/2001, elimina las excepciones que permitían este tipo de contratos sin licitación pública, estableciendo un mecanismo más estricto en busca de transparencia y competitividad.

A partir de ahora, estos servicios deberán ser adjudicados mediante procesos licitatorios o concursos, excepto en casos de emergencia debidamente justificados.

El Gobierno argumentó que el abuso en el uso de contrataciones directas con Universidades Nacionales había transformado un mecanismo excepcional en una práctica habitual, lo que contradecía los principios de transparencia y competencia.

Según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), más de 2.000 convenios fueron celebrados bajo esta modalidad en 2022 y 2023, lo que motivó la revisión normativa.