El proyecto, que fue analizado en comisión y pasó por la instancia participativa de Debate Ciudadano, plantea “la implementación de una marca de uso colectivo, ya que el mismo es un signo utilizado por diversas personas que pertenecen a una misma agrupación, con la cual dan a conocer a los consumidores determinadas características (por ejemplo, origen geográfico, material, modo de fabricación y calidad)”, según consta en los fundamentos.

Además, indica que la marca será utilizada por los emprendedores y productores locales que se encuentren registrados en la Municipalidad y se encuentren desarrollando sus actividades dentro de los circuitos de la economía social, popular y solidaria.

Por otra parte, designa como órgano de aplicación y de contralor a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos de la Municipalidad. Habilita a esta área a celebrar convenios y capacitaciones con universidades, instituciones a nivel provincial y nacional en materia de desarrollo productivo y comercial, como así también con organizaciones sociales, civiles y cámaras empresariales.

La ordenanza fue propuesta por la concejala Yésica Garay, quien previo a la sanción manifestó que “pensar una marca colectiva para la ciudad, tiene que ver con generar herramientas para fortalecer la economía local”.

"Tiene que ver también con que el Ejecutivo siga generando espacios de fomento donde puedan nuclearse. Es parte de un conjunto de proyectos paralelos como las Cocinas Comunitarias, o la Red Solidaria de Alimentos, como parte de un paquete de herramientas para afrontar la situación económica”, cerró la creadora del proyecto.